El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 25 países y ratificado por 13 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente.
OBJETIVO
El objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
¿Por qué es tan importante?
Es importante, ya que es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales. Pone énfasis en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad de forma de no dejar a nadie atrás.
El Acuerdo de Escazú entonces, establece estándares que cada Estado debe adoptar como mínimo, para garantizar el ejercicio de estos derechos. Para alcanzar estos estándares, los Estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar procedimientos de toma de decisiones incorporando, además, enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales.
Pero eso no es todo. Es importante tener en cuenta que no todos los países de América Latina y el Caribe tienen el mismo marco de protección puesto que se percibe cierta asimetría institucional y legal para el ejercicio de estos derechos. Así, el acuerdo aspira a un objetivo común: todos los países de la región cuenten con el mismo nivel de protección, garantía y promoción de los derechos de acceso. Por eso, el acuerdo considera mecanismos para fomentar el trabajo cooperativo de los países de América Latina y el Caribe para alcanzar el cumplimiento de estos estándares a través del intercambio de experiencias, aprendizajes, conocimientos, entre otros.
El Acuerdo de Escazú para el Perú
Perú cuenta con numerosa cantidad de instrumentos ambientales que sujetan al Estado con diversas y distintas obligaciones. También, se podría decir, que nuestro país cumpliría con los estándares ya establecidos en el Acuerdo de Escazú, puesto que contamos con institucionalidad organizada y marco legal aprobado para asegurar el cumplimiento de los derechos de acceso.
Entonces, ¿por qué es importante que el Acuerdo de Escazú forme parte de nuestra legislación? El reto de nuestro país es la implementación y optimización de los estándares para el ejercicio de los derechos de acceso que están contenido en la legislación.
Este acuerdo busca mejorar las condiciones que nuestro país tiene para brindar y gestionar la información ambiental, para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y administrar justicia ambiental. Así, por ejemplo, peruanos que se encuentran en las regiones del país podrán acceder a información ambiental actualizada, entendible y ordenada sobre el ambiente, lo que les permitirá a su vez, participar de manera legítima en la toma de decisiones, incluso en procesos con plazos cortos de la toma de una decisión.
Este instrumento brindará un marco importante para orientar la evolución de la administración de justicia ambiental en el Perú para poder prevenir y atender situaciones que pueden afectar al ambiente. La deforestación ocasionada por actividades ilegales, la afectación de derechos humanos ambientales, emergencias ambientales, entre otros, son situaciones presentes en nuestro país que afectan considerablemente al estado de la calidad ambiental y a la preservación de recursos.
Todas estas oportunidades de mejora podrán darse a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú, para ello, el Congreso de la República deberá ratificarlo en Pleno para que pueda estar vigente en nuestro país. Mientras, la ciudadanía deberá seguir tomando conocimiento sobre el Acuerdo de Escazú para promover su aprobación y exigir el cumplimiento de las condiciones que establece.
Finalmente, lamentablemente la designación del nuevo canciller Miguel Rodriguez, quién ha manifestado abiertamente que se opone al Acuerdo de Escazú hace que se pierda fuerza la ratificación en el Perú del Acuerdo, ya que en sus propias palabras señalo que » la sensatez del Parlamento para conservar impoluta la intangibilidad de la soberanía nacional”.
Fuente: Gob.pe, Redacción Isossoma, Cepal, Actualidad Ambiental
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