El 15 de enero, sucedió uno de los desastres ambiental más grandes en la historia de lima. La refiniería La Pampilla habría derramado 11 900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla. Cómo responsable directo tenemos a la Refinería La Pampilla, administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C. Este desastre abarca un área de 140 kilómetros, desde las playas de Ventanilla y Lima, hasta las islas de la Reserva Nacional de Isla e Islotes y Puntas Guaneras, frente a Ancón.
Aquí nuestro informe del hecho.
REPSOL declara limpia las playas
A 100 días del siniestro el Grupo Repsol, a través de un comunicado publicado el 13 de abril, declaró limpias 28 playas afectadas por el derrame de petróleo y con esto, reporto a las autoridades el fin de las acciones de limpieza en estas playas, asegura, «han sido declaradas limpias y listas para el monitoreo respectivo y en espera de la conformidad por parte de la autoridad».
«Esto es el resultado de las acciones de contención, recuperación y limpieza que ha llevado a cabo la compañía en todo el litoral, en cumplimiento del cronograma entregado a las autoridades peruanas y contando con un equipo de empresas y expertos reconocidos internacionalmente, que nos han acompañado durante todo el proceso», sostuvo la empresa.
Malas prácticas de limpieza
La empresa REPSOL, dentro de sus metodología de limpieza del desastre estuvo mezclando arena impregnada con petróleo crudo con arena limpia en la zon supramareal en PACASMAYO, Huaral.
Es así que la OEFA demando que se paralice el uso de esta metodología “[Se ordena] el cese de las acciones de mezcla de arena impregnada con petróleo crudo con arena limpia en la zona supramareal de la playa San Gaspar, la cual es utilizada como metodología de limpieza en la playa mencionada; así como en otras playas donde se estuvieran ejecutando dichas acciones”, indica el documento.
En una nota de prensa, OEFA también resalta que “las medidas administrativas dictadas por la autoridad de fiscalización ambiental son de obligatorio cumplimiento por parte de la Refinería La Pampilla S. A. A.”, y que “el incumplimiento de estas puede ocasionar la imposición de multas coercitivas, de hasta 100 UIT por cada medida y de manera sucesiva, hasta constatar su cumplimiento”.
La Defensoría responde a REPSOL
Según la defensoría, hasta la fecha, no ha sido oficialmente declarada limpia ninguna playa. Por esto, se solicitó a la OEFA y a DIGESA corroborar los anuncios de la empresa REPSOL, que asegura haber culminado con la limpieza de varias playas afectadas por el desastre.
En reuniones de coordinación sobre las labores de limpieza junto con el MINAM, OEFA, OSINERGIM Y DICAPI. Se abordó que «el proceso de limpieza aún no concluye y continúan reportándose zonas marino-costeras con petróleo, vulnerando de esta forma el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”
La Defensoría del Pueblo también menciona la cifra de 900 especímenes muertos por los efectos del derrame de petróleo y que, si bien “se ha procedido a la liberación de aves sobrevivientes al derrame en playas al sur de Lima, se requiere que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) apruebe protocolos específicos para estas tareas, destinados a garantizar que las liberaciones se realicen en ecosistemas que resulten seguros para la salud y vida de los animales”.
Un punto importante, que también incluye la nota de la Defensoría, es que no se habría concluido con la identificación de la totalidad de actividades económicas afectadas, por lo que se reitera a la Presidencia del Consejo de ministros que lidere acciones que aseguran el apoyo a la totalidad de personas perjudicadas por el derrame.
“Aún no se habría concluido con la identificación de la totalidad de actividades económicas afectadas ni del impacto económico provocado en las personas que venían desarrollando las actividades económicas afectadas directa e indirectamente, vulnerando el derecho al trabajo de quienes desarrollaban labores como pesca artesanal, acuicultura, turismo, comercio y transporte de mercaderías, entre otras”, precisa la nota.
Problema estructural de las entidades estatales
Este derrame ha evidenciado las grandes deficiencias del Estado para atender este tipo de casos. La Defensoría del Pueblo ha evidenciado varios de esos, y no solamente ahora, sino desde hace muchos años.
Uno de los aspectos en que la Defensoría ha venido insistiendo, a propósito de los derrames en la Amazonía, es que nuestro marco normativo, el que regula el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, no contempla en el plan de contingencia cuáles son los protocolos específicos –por ejemplo– para atender a la población afectada. Nuestro marco jurídico establece que, cuando se habla de los impactos ambientales, también se incluyen a los impactos sociales, de tal manera que los instrumentos de gestión ambiental tienen que contener tanto los impactos al ambiente como los impactos a la población.
Por otro lado, la Defensoría alertó acerca de que no hay una guía para la elaboración de planes de contingencia de los estudios de impacto ambiental. Es decir, no hay una guía que haya elaborado el rector, en este caso el Ministerio del Ambiente (Minam), para decirle a las autoridades sectoriales o los ministerios cómo deben exigir, o cuál debe ser el contenido mínimo del plan de contingencia. El Minam debería regularlo, debe contar con una guía para la elaboración de estos planes. Algunas empresas la pueden tener, otras no; es decir, no hay una uniformidad y mientras no haya esa uniformidad no es posible la supervisión.
Fuente: Redacción Isossoma, El Peruano, Actualidad Ambiental, EFE, 20minutos.es, Gestión.
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