Según el informe sobre conflictividad del mes de enero, la Defensoría del Pueblo registró 203 conflictos, de los cuales los de carácter socioambiental aún son los más numerosos, con 123 (65%).
Asimismo, de los conflictos socioambientales, los relacionados a la minería ocupan el primer lugar con 87 (65%), seguido de las actividades sobre hidrocarburos con 26 (19.7%), y residuos y saneamiento con 8 (6.1%). Cabe destacar que este tipo de conflictos ocupan el primer lugar desde abril de 2007.
En este informe también se detalla que Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (20) y Áncash (15).
Casos nuevos
Entre los casos que se sumaron este mes, en relación al anterior, la Defensoría registró cinco conflictos. Uno de ellos se ubica en Amazonas, donde la Junta Directiva e integrantes del Asentamiento Humano Pedro Castro, de la ciudad de Chachapoyas, rechaza la ocupación de un predio por parte de integrantes de la Asociación Jóvenes Emprendedores de Pedro Castro, acusándolos de talar árboles de pino en un terreno destinado a áreas comunes.
Los otros cuatro son de carácter socioambiental. El primero se registra en Cajamarca, donde el centro poblado de Tranca de Pujupe y las rondas campesinas, demandan el cese de actividades de exploración de la empresa minera Anta Norte S. A., debido a una presunta contaminación de las aguas de la represa “Aguas Coloradas”.
Asimismo, dos conflictos se registran en Cusco, en el primero de ellos la comunidad nativa de Camaná señala que la empresa Transportadora de Gas del Perú S. A. ha incumplido parte de los compromisos asumidos en el 2019 y exige a la empresa el pago de una indemnización económica por presuntos impactos ambientales y sociales, debido al derrame de líquidos de gas natural ocurrido en el año 2016.
En el segundo, la comunidad campesina de Pumallaqta cuestiona a la empresa minera Anabi S. A. C. debido a que consideran que no ha cumplido con un adecuado cierre de la unidad minera y exigen su retiro definitivo, monitoreo ambiental participativo y una indemnización por el presunto daño ocasionado.
Finalmente, el quinto conflicto se registra en las regiones de Callao y Lima, donde las asociaciones de pescadores artesanales, comerciante y la población afectada de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay demandan indemnización por la afectación a la pesca artesanal, atención inmediata para el restablecimiento de la actividad pesquera y comercial de las playas afectadas y determinar a los responsables del derrame de crudo ocurrido el 15 de enero en el Terminal de Multiboyas N° 2 de la Refinería “La Pampilla” (Repsol Perú).
Datos:
- Del total de casos activos, el 61.7 % (95 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, y la Defensoría del Pueblo participa en 72 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 81.1 % (77 casos) corresponde a casos socioambientales.
- En enero se registraron 14 personas heridas en el marco de conflictos sociales. Un enfrentamiento entre la población de los caseríos de los distritos de Honoria y Campoverde y la PNP por la posesión de 3920 hectáreas. En otro caso, se produjo un enfrentamiento entre la población del Asentamiento Humano Pedro Castro y la PNP, donde resultaros 10 agentes de la PNP y 2 civiles heridos.
Fuente: Actualidad Ambiental / El Peruano
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